Agencia La Oreja Que Piensa. Por Adolfo Pérez Esquivel (*)
La rimbombante escalada judicial contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, evidencia palmariamente un nuevo caso ante los ojos del presente siglo la entronización sórdida del Lawfare que intenta disolver corrosivamente los principios rectores de los gobiernos democráticos de América Latina, y por ende, es una necesidad imperiosa e impostergable, que el pueblo conozca las distintas formas de golpe de Estado utilizados para someter al desdoroso esclavismo cultural y económico a nuestros queridos pueblos de este continente adolescente.
Anteriormente, las minorías dominantes apelaban a los golpes militares para derrotar a proyectos populares, posteriormente apelaron a otras modalidades de presión, golpes de mercado desestabilizadores, e incorporaron la modalidad de “golpes blandos” destituyentes, con la complicidad de sectores del poder judicial, las poderosas empresas periodísticas mimadas ciertas aristocracias ayunas de alta conducta moral y los bloques opositores plutocráticos, para derrocar gobiernos edificados por la sana voluntad de las mayorías, proscribir candidatos populares o desgastar la voluntad y los ánimos refulgentes de los gobiernos democráticos que nos acompañan dentro de la atmosfera política panamericana durante los tiempos de hogaño.
El pasado nos habla con bastante claridad al respecto. Pues, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, en Paraguay contra Fernando Lugo, en Brasil contra Dilma Russeff, las acusaciones a Lula Da Silva para encarcelarlo injustamente por fustigar previamente los pilares centrales del debido proceso judicial hasta ulteriormente se comprobó la coexistencia de un armado siniestro para excluirlo de las elecciones, constituyen las versiones latinoamericanas más trascendentales del lawfare, que se aplicaron también contra Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y también ahora buscan destituir límpidamente al presidente Castillo en el Perú.
En nuestro querido país la persecución a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kichner, se viene intensificando desde el gobierno de Mauricio Macri, mediante diversos procesos judiciales persecutorios para desprestigiarla y dañarla.
Las acusaciones de encabezar una asociación ilícita desde el gobierno, no tiene sustento, sin embargo, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público a la vicepresidenta.
Los vientos de las realidades nos indican que no importa si la sentencia de los jueces se demore, el objetivo medular es instalar la campaña de desgaste sobre la vicepresidente y del actual gobierno.
Ciertamente que los hechos delictivos deben investigarse y juzgarse, ningún gobierno resulta inmune a eventuales sucesos de corrupción.
Hemos acompañado en su momento las denuncias de los familiares de las víctimas de Once y sus reclamos de justicia, así como los reclamos para recuperar en manos públicas los ferrocarriles privatizados.
Sin embargo, la tarea del Poder Judicial se ha desdibujado crecientemente con instancia neutral, para pasar a convertirse en una herramienta extorsiva en favor del poder económico plutocráticos, por encima de las representaciones soberanas de una auténtica y saludable democracia.
Basta mencionar el veto judicial a aceptar el acceso de internet como un servicio público para favorecer a poderosos intereses económico mediáticos.
Hemos visto como se han fraguado causas como los sobreprecios en las importaciones de gas, donde se apelaron hasta pericias falsas para justificar las acusaciones cuyo único interés ya no es la búsqueda de justicia, sino construir la sucesión sistemática de condenas mediático judiciales.
En estos casos ya no importan ni la verdad, ni la justicia, en tanto responde a una lógica de “guerra amigo-enemigo”, el objetivo es la “demolición del enemigo”.
Ni siquiera aceptan el legítimo derecho a la defensa. Es muy lamentable y alarmante que el tribunal no autorizó a la Vicepresidenta a ejercer su derecho de réplica frente a las acusaciones en su contra y Cristina hizo su defensa pública ante el pueblo.
La evidente relación entre jueces y fiscales, con el ex presidente Macri, pone en cuestión los principios de cualquier imparcialidad e independencia de criterios fundados en el imperio de la legalidad nacional y supranacional.
La democracia como sistema y modelo requiere urgentemente una justicia independiente de los intereses antagónicos a sus principios y valores, y también necesita asegurar todas las garantías constitucionales al derecho de la expresión y la defensa de sus ciudadanos.
Es también prerrogativa de nuestro pueblo movilizarse para asegurar la democratización del poder judicial y el estado de derecho tan postergados por los talantes estólidos más conservadores en nuestros últimos días.
En ese sentido, dentro de esta vorágine de ardorosos problemas en donde se ubica la hora exacta de nuestra vida política nacional invocamos respetuosamente a los tribunos judiciales competentes que intenten rendir a través de sus decisiones institucionales, honra y decoro del cuarto mandamiento del abogado esgrimido por la brillante pluma jurídica de Eduardo Couture, para que el amor inconmensurable por los ideales de la justicia y del Estado de Derecho no permanezcan eternamente en los rincones de la soledad y el olvido, y para que el sistema judicial argentino resplandezca meteóricamente en la constelación moral de nuestro continente.
Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y desearle mucha fuerza y esperanza, tiene el coraje suficiente y el apoyo del pueblo para enfrentar con preclara gallardía moral e inteligencia sublime a estos viles intentos de Lawfare apadrinados por aquellas fuerzas económicas vaciadas de amor y cariño hacia los destinos venturosos de la humanidad.
