Las viejas políticas actuales.
Agencia La Oreja Que Piensa. Argentina 2011.Se transcriben a continuación algunos de los conceptos y datos más destacados que se desarrollan en el presente informe:
El gobierno provincial ha profundizado políticas de seguridad basadas en la mano dura y la demagogia punitiva. Durante 2010 se dispusieron cambios que incrementaron el autogobierno de las fuerzas policiales.
En este sentido se inscriben la unificación de las carteras de Seguridad y Justicia y la delegación en el jefe policial del diseño de políticas relacionadas con la seguridad pública.
Se destacan como puntos salientes de este paradigma la expansión de la seguridad como política principal o totalizadora del Estado, la reducción de la seguridad pública a las políticas policiales o penales, la utilización de la policía bonaerense en el control social de los segmentos más vulnerables de la población, la delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía y el desarrollo de los esquemas de saturación policial y ocupación territorial como principal teoría y práctica de la prevención y represión del delito.
Esta orientación de las políticas públicas, ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito.Se observa un incremento de la persecución policial sobre los sectores más vulnerables (jóvenes pobres y grupos trans, entre otros) a través de las detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito.
Las torturas, ejecuciones y supuestos suicidios en donde la policía aparece denunciada como autora directa, se asientan en las lógicas de este paradigma autoritario y de autogobierno. La impunidad se fortalece cuando los fiscales omiten investigar o delegan esta tarea en la propia fuerza policial.
El colectivo de personas trans (travestis, transexuales, transgénero) es uno de los más vulnerables a la violencia institucional. Son víctimas de abuso de autoridad, extorsión, hostigamiento, robo de pertenecías y malos tratos por parte de agentes policiales.
En los casos de hostigamiento o persecución policial, los funcionarios judiciales no intervienen de manera efectiva.
En los casos de detención por averiguación de identidad, a pesar de las gravísimas irregularidades detectadas en el accionar policial, el control judicial es nulo. Los sectores que mas sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. El 88,4% de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación, utilizan términos vagos e imprecisos.
En el 93,2% de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad. La ausencia de estos datos en las actas imposibilita el control judicial. Los juzgados intervinientes no toman ninguna medida al respecto.
Durante 2010 ingresó al Senado provincial un proyecto de código Contravencional promovido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa provocó un rechazo generalizado de vastos sectores sociales. Frente a esto el Senado provincial decidió convocar por primera vez a una audiencia pública. Participaron un importantísimo número de organizaciones y referentes de distintas instituciones y organismos, que se opusieron al proyecto.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó su propio dictamen rechazando el proyecto oficial.
Continúa la impunidad en casos de desaparición forzada de personas. En los casos de Andrés Núñez, Miguel Bru, Jorge Julio López y Luciano Arruga, se sintetiza la continuidad de una práctica policial que se ha desarrollado al amparo del poder judicial y político.
En la provincia de Buenos Aires y en particular en la Ciudad de La Plata, la valorización de la tierra ha generado una ruina de desalojos en la que participan activamente sectores empresariales, funcionarios y el aparato judicial-policial.
El desalojo de vecinos de Gorina, con una violenta represión policial es una expresión de ese proceso.
Según produciéndose gravísimas violaciones a los derechos humanos en las comisarias de la provincia de Buenos Aires. Las personas allí alojadas padecen las consecuencias de la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de atención sanitaria y la violencia.
Ante la gravedad de los hechos que tenían como víctima del accionar ilegal de la policía bonaerense a jóvenes, el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) sostuvo:
“Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas policiales.
Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Las respuestas violentas de las fuerzas de seguridad y la intervención policial en las escuelas tampoco solucionan la problemática de la niñez y la juventud.
Sobre la base de la Asignación Universal por Hijo es indispensable que el gobierno provincial avance en la implementación de políticas universales que promuevan y protejan sus derechos sin discriminación alguna.
Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”.
Propuestas de la Comisión por la Memoria
La comisión por la Memoria plantea una serie de propuestas sobre la seguridad en la Provincia de Buenos Aires:
1-Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial
2-Creación de un Movimiento de Seguridad.
3-Descentralización y restructuración de la policía. Desarrollo de las políticas regionales o comunales.
4-Control civil de la gestión de seguridad. Recuperación de la autonomía de asuntos internos de la estructura policial en todos sus niveles.
5-Participación ciudadana, adecuando la experiencia realizada con los foros de seguridad para evitar su cooptación por los comisarios o el poder político local.
6-Creación por ley de la Policía Judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales, terminando con la policialización de las investigaciones judiciales, el armado de causas y la impunidad.
7-Creación por ley de un Observatorio de Violencia y Delito, como organización de la violencia y el delito en el territorio provincial con la finalidad de asistir a la toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social.
8-Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas.
Informe Anual 2011. Comisión Provincial por la Memoria
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Comité Contra La Tortura
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