La comunicación en tiempos de pandemia
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Agencia La Oreja Que Piensa. Por Ricardo Porto (*)
Como en tantas otras áreas, el coronavirus postergó desiciones en materia de medios y por lo tanto aún no está clara la agenda que pretende impulsar Alberto Fernández.
La sociedad argentina -en verdad, el sector de ella que cuenta con recursos- atraviesa la cuarentena viendo Netflix, haciendo home office, comprando online, reuniéndose en Zoom y ayudando a sus hijos a realizar las tareas con sus computadoras.
Los sectores más humildes también necesitan conectividad; ya sea para tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación Universal por Hijo u otras ayudas sociales, gestionar préstamos para monotributistas, mantener pequeños comercios o concretar trabajos eventuales.
Teniendo presente estas circunstancias el gobierno decidió el congelamiento de los precios de los servicios de telefonía, internet y TV por abono, garantizar un paquete básico e impedir el corte de esos servicios. Fueron las medidas más importantes que se adoptaron en el área de las comunicaciones.
En línea con ese objetivo van apareciendo los primeros esbozos de una incipiente agenda parlamentaria, que presenta dos avenidas regulatorias: por un lado, categorizar a todos esos servicios — y no solo a la telefonía fija- como servicios públicos; por otro, declarar el acceso a Internet un derecho humano. En ambos casos, más allá de las diferentes estrategias legislativas, se pretende asegurar la inclusión digital.
Paralelamente a ello, este predominio de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación por sobre los medios tradicionales de radio y televisión contribuye, además, a cambiar el eje del debate.
Al respecto, Martín Becerra objeta la supuesta asepsia que rodea la regulación de los aspectos técnicos de los medios, destacando su rol político, social y cultural. “Si en varios países latinoamericanos desde la primera mitad del siglo XXI se ha revitalizado la agenda de políticas de comunicación a través de la discusión de las reglas de juego que organizan el sistema de medios de comunicación audiovisual, todavía resta sin embargo, profundizar la comprensión acerca de cómo funcionan estas actividades en el marco de la convergencia tecnológica, que exhibe aún mayores condiciones de concentración y de abuso de posición dominante….Los mismos actores políticos que cuestionan la concentración de los medios tradicionales se desentienden de la importancia de las redes digitales”.
Nuestro país pudo comprobar este supuesto. Para ello basta recordar los intensos, extensos y apasionados debates que tuvieron lugar con la Ley de Medios, que contrastan con las limitadas, discretas y escasas deliberaciones que suscitó la Ley Argentina Digital.
La discusión de la primera norma duró varios años, mientras que la segunda solo demandó dos meses. Sin ninguna duda, la similar importancia de ambas leyes torna injustificada la enorme diferencia que existió entre ellas.
Más allá del disímil tratamiento de estas dos normas, hubo un hecho que las unificó: ninguna de ellas logró cambiar el escenario de las comunicaciones y su aplicación fue muy limitada. Los que sobrevaloraban la importancia de las leyes se dieron un baño de realidad.
La presidencia de Mauricio Macri, en el campo de las comunicaciones, no privilegió a la ley para implementar políticas públicas. A poco de asumir, a través de un decreto, intervino las autoridades regulatorias en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Pocos días después, sin necesidad ni urgencia, dictó el DNU 267/15, por el cual se derogaron las medidas más importantes de la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital.
Si bien el gobierno se comprometió a enviar al Parlamento un nuevo proyecto de ley de comunicaciones convergentes, dicha promesa no se cumplió. Para remediar -en parte- tal situación, se remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Fomento y Despliegue de Infraestructura y Competencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Más allá del pomposo nombre, la iniciativa se conoció popularmente con “Ley Corta”. Tan corta fue que solo logró ser aprobada por el Senado. En la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Igual suerte corrieron dos proyectos de ley impulsados por el Senado, que los diputados decidieron no aprobar. Uno de ellos fue sobre publicidad oficial; el otro sobre responsabilidad de los intermediarios de Internet.
Si bien es cierto que tanto el oficialismo como la oposición fueron responsables de evitar el tratamiento de esos proyectos, lo concreto es que tal situación permitió al Ejecutivo manejar unilateralmente esos temas.
Un hecho curioso fue el proyecto de ley de protección de datos personales, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, y que no solo no fue aprobado, sino que, ni siquiera, fue tratado en comisión.
A decir verdad, la administración del Presidente Macri logró aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, más allá de sus buenas intenciones, la norma no logró convertir al Estado en una transparente caja de cristal.
Así las cosas, el balance de esos dos gobiernos parece recrear aquella frase de campaña: con las leyes solas no alcanza y sin ellas no corresponde.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández heredó un complicado escenario comunicacional, que exhibe un mercado más concentrado, circunstancia que dificulta tanto la negociación como la regulación.
Por otra parte, la pandemia del coronavirus vino a profundizar la crisis de los medios de comunicación gráficos, televisivos y radiales, y de las productoras de contenidos audiovisuales nacionales, que tiene como consecuencia, no solamente el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, sino también el empobrecimiento de la oferta cultural, del pluralismo y la diversidad de información.
En medio de este complejo panorama y con un Congreso con dificultades para reunirse presencialmente, lo cual dificulta los acuerdos políticos ¿Cuál será la agenda de comunicaciones de Alberto Fernández? Es difícil saberlo. No obstante, si algo parece claro es que tendrá menos de aquella vieja épica, de batallas y gestas, y mucho más de medidas precisas y consensuadas, orientadas preservar estas heterogéneas y dinámicas industrias culturales.
(*) Abogado. Especialista en medios de comunicación. Su último libro publicado se titula ” La libertad de expresión y Derecho a la información en Latinoamérica”.
Nota publicada en El Estadista