Graves violaciones a los derechos humanos: las consecuencias de las políticas de mano dura
Agencia La Oreja Que Piensa.
Record de detenidos, sobrepoblación, torturas y muertes. La violencia del Estado como estrategia de control de los territorios y las poblaciones más pobres. Los datos cuantitativos y cualitativos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez, constatan una vez más las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires y el fracaso de un punitivismo ineficaz para solucionar los problemas de seguridad.
“Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir con dignidad. La seguridad es educación, salud y trabajo”, señaló el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Una multitud acompañó la presentación en el Anexo del Senado de Buenos Aires.
Más de 900 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y judiciales, familiares víctimas de violencia institucional, miembros de mecanismos de prevención de la tortura de América Latina, docentes y público en general estuvieron en la presentación del Informe Anual 2018.
El sistema de la crueldad XII. Entre ellos, estuvieron, el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, representantes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Gustavo Palmieri y Francisco Mugnolo del Mecanismo nacional de prevención de la tortura y el juez Luis Arias.
Como sucede cada año, la presentación del informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un acto político que revalida el compromiso institucional de denunciar las violaciones a los derechos humanos e interpelar a los poderes del Estado para la discusión de políticas públicas en materia de seguridad, niñez, salud mental y justicia que sean respetuosas de los derechos y garantías constitucionales.
El masivo y plural acompañamiento al acto, que se realizó en el Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, es una expresión de que, a contra pelo de lo que se escuchan en los grandes medios, existen amplios sectores de la sociedad que reclaman otra forma de pensar los problemas sociales, que rechazan la mano dura como respuesta a los problemas de seguridad.
Ese acompañamiento es también el reconocimiento al trabajo de la CPM como organismo de monitoreo y control de los lugares de encierro y políticas de seguridad; labor que realiza, desde hace 16 años, con total autonomía e independencia de los gobiernos provinciales.