A 20 años de la creación de su Comité Contra la Tortura la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual El Sistema de la Crueldad XVI, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, encierro, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires.
Un diagnóstico del estado del sistema penal actual con datos que la CPM relevó en el 2021, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
El Informe, un aporte a todos los poderes del estado provincial para la definición de sus políticas públicas en derechos humanos, describe una situación preocupante: más de 54 mil personas detenidas, persistencia del hacinamiento, la sobrepoblación y la práctica sistemática de la tortura.
Sumado a esto, el control territorial de las fuerzas de seguridad sigue generando violencia y muertes: durante 2021 se registraron 120 muertes por uso letal de la fuerza -la mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años- y las 25 muertes ocurridas en comisarias fueron el número más alto de los últimos 10 años.
El próximo mes de octubre se van a cumplir 20 años desde que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió crear el Comité Contra la Tortura, con la convicción de que las políticas públicas de memoria debían también asumir los desafíos de la promoción y defensa de los derechos humanos en el presente.
Desde entonces la CPM comenzó a inspeccionar lugares de encierro y monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Era imperioso estar en los lugares donde se vulneraban los derechos y además producir información precisa para poder incidir en la definición de la política pública y el poder judicial.
En 2004 se empezó a publicar el informe anual El Sistema de la Crueldad que es, desde entonces, el lugar en el que cada año se cristaliza de manera exhaustiva el trabajo de monitoreo que realiza la CPM y puede ser leído como un pormenorizado estado de situación.
Por la persistencia, el alcance territorial y la magnitud de este trabajo, en 2019 la CPM fue designada como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el Consejo Federal de Mecanismos Locales a propuesta del Comité Nacional Contra la Tortura, según lo establece la Ley Nacional 26.827.
En el marco de esta trayectoria de trabajo de 20 años, que ha sido reconocida no sólo a nivel nacional sino también por múltiples organismos internacionales de derechos humanos, hoy se presenta un nuevo informe anual.
Durante el 2021 la CPM realizó 456 inspecciones a lugares de encierro como cárceles y alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental.
Producto de este trabajo, sumado a las denuncias que se reciben diariamente en la sede de la CPM y las que se relevan a través de la red de organizaciones territoriales que forman parte del programa Punto Denuncia Tortura, la CPM realizó 40.599 entrevistas con personas detenidas o familiares.
Estas entrevistas dieron lugar a 25.562 presentaciones judiciales de habeas corpus y acciones individuales, así como también 199 habeas corpus colectivos por violaciones de derechos humanos estructurales en diferentes lugares de detención.
Este contacto directo con las víctimas nos permitió registrar 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales.
Entre los problemas denunciados se destacan la falta de acceso a la justicia (21 %), la afectación del vínculo familiar (20 %) y la falta o deficiente asistencia sanitaria (17 %). En este informe se analiza también el exhaustivo relevamiento realizado por el Registro Nacional de casos de torturas (RNCT), que la CPM junto a otros organismos implementa desde hace 12 años.
Otra de las violaciones de derechos humanos extendida es el aislamiento: al incremento de la sobrepoblación y hacinamiento se respondió con mayor aislamiento en celdas y pabellones. La gran mayoría de las personas detenidas permanecen aisladas en sus celdas más de la mitad del día.
Además, la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales, siendo el 15% de ellas niñas, niños o jóvenes. También intervino en otros 29 hechos con víctimas colectivas.
Este trabajo nos permite presentar en este informe anual un estado de situación del sistema de encierro y las políticas de seguridad que resulta alarmante.
Fundamentalmente porque no se ha revertido la concepción y definición más estructural de la política penal que concibe al punitivismo, la saturación policial de los territorios y el encierro desmedido como su principal elemento.
En este sentido se sigue sosteniendo la curva ascendente de la tasa de prisionización. Mientras que en 2020 en la provincia de Buenos Aires había 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 2021 el número trepó a 306 cada 100.000. A diciembre de 2021 había un total de 54.107 personas detenidas.
El crecimiento de la población encarcelada entre 2020 y 2021, fue del 7.9 %. Como propuesta para resolver este problema, el gobierno provincial construyó 1.300 nuevas plazas, pero ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos.
Si no se modifica la política criminal, las medidas adoptadas no resolverán el problema.
Las consecuencias de esta política están descriptas y fundamentadas en este Informe y exigen una urgente intervención por parte de todos los poderes del Estado: hacinamiento y sobrepoblación se combinan para producir una sistemática vulneración de los derechos humanos.
En 2021, la sobrepoblación en cárceles bonaerenses alcanzó el 111%, las 49.662 personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están alojadas en las 22.060 plazas que tienen actualmente las 66 unidades penitenciarias.
En comisarías la situación es aún peor: la sobrepoblación alcanzó el 232%, con 4.445 personas alojadas en 1300 plazas.
Las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en lugares de encierro muestran también la responsabilidad del poder judicial en su producción y en la ausencia de control de legalidad sobre la actuación de las fuerzas policiales y penitenciarias.
La falta de impacto de procesos abiertos ante los máximos tribunales provinciales, el fallo Verbitsky ante la Suprema Corte provincial y otro proceso por la ocupación de las comisarías provinciales ante el Tribunal de Casación, así como también el reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales de clausura de dependencia policiales sin consecuencias para los organismos que las desobedecen, dan cuenta de la afectación de los principios republicanos de gobierno en el ámbito provincial.
El Informe dedica una especial atención a la situación de las mujeres y las personas trans travestis en el encierro. En 2021 se registró un aumento de las detenciones que alcanzó un total de 2.405 personas, la mayoría vinculada al narcomenudeo en clave de acciones de sobrevivencia.
Resulta preocupante como en el sistema de encierro se replica la violencia patriarcal. Un solo dato alcanza para graficar la grave situación. Mientras que en los varones la prisión preventiva alcanza el 52,5%, en las mujeres se eleva al 59,8% y en las personas trans travestis al 73,2%.
Otro dato preocupante del 2021 fueron las muertes. En las cárceles bonaerenses murieron 199 personas. El dato sobresaliente es que el 87% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, es decir muertes que podrían haberse evitado si hubiese una gestión diferente de la salud en el encierro.
Esto implica un incremento de la tasa de mortalidad a 4,4 cada 10.000 personas contra un promedio de 3,3 de tasa promedio durante los años anteriores.
Por eso, una vez más, la CPM insiste con que de manera urgente la atención sanitaria de las personas privadas de libertad pase de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Salud bonaerense.
En comisarías el dato es igual de preocupante: 25 muertes durante el 2021. Es el número más alto registrado en los últimos diez años. A esto se le suman elementos más preocupantes aún: la mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas y sólo en 15 casos se informó la causa de muerte (7 casos de ahorcamiento, 6 por problemas de salud y 2 por agresión física que en un caso involucra a un agente de la policía).
En otro apartado del informe se analiza el despliegue de la violencia policial en el territorio específicamente en lo que refiere al uso letal de la fuerza. Durante 2021 fueron asesinadas 120 personas a manos de fuerzas de seguridad, 25 de ellas menores de edad.
En 8 de cada 10 casos se comprobó que la muerte se produjo mediante el uso del arma reglamentaria y con el agente fuera de servicio.
La principal fuerza responsable de estos asesinatos fue la Policía Bonaerense con el 52%, seguida por agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires responsables del 21% de los asesinatos.
La CPM viene planteando derogar el estado policial para evitar estas muertes.
También se aborda la vulneración de derechos de la que son víctimas las niñas, niños y adolescentes en la provincia.
En lo que respecta al fuero de responsabilidad penal juvenil se mantiene el diagnóstico de años anteriores: no se respeta el principio de especialidad del fuero, no hay comunicación periódica de los defensores y juzgados con los jóvenes, persiste la práctica de trasladarlos a unidades penales del SPB y se vulneran derechos esenciales de los jóvenes.
A diciembre del 2021, la cantidad de población encerrada ascendía a 516 jóvenes. De ese total, 24 son no punibles, es decir niños y niñas de 15 o menos años.
Al mismo tiempo, se analiza el funcionamiento deficitario del sistema de promoción y protección de derechos humanos.
En referencia a las instituciones de salud mental el Informe da cuenta avances significativos en el camino a la sustitución y cierre de los manicomios y el cumplimiento de la ley nacional de salud mental (LNSM) 26.657.
Los cuatro hospitales neuropsiquiátricos monovalentes, Colonia Domingo Cabred (Open Door), José Esteves (Temperley), Alejandro Korn (Melchor Romero, La Plata) y Domingo Taraborelli (Necochea) presentaron planes de adecuación durante el año 2021 y se encuentran en pleno proceso de readecuación a la LNSM.
Las gestiones anteriores al frente del Ministerio de Salud no dieron prioridad al cumplimiento de la ley que ordenaba para 2020 la efectiva sustitución y cierre de los hospitales.
En tal sentido, actualmente se ha constatado el cierre de varias salas de internación así como el sostenido descenso de la población alojada en dichos dispositivos: 2.225 en 2015 y aproximadamente 1.300 en 2021, una disminución de 42% en seis años. También se ha reducido la cantidad de fallecimientos: 92 en 2015 y 54 en 2021.
También se analizan las graves violaciones de derechos humanos que se registraron en las comunidades terapéuticas que alojan tanto adultos como niñes, muchas de ellas sin habilitación o control estatal alguno.
Por último el informe analiza la actuación del poder judicial con relación a la violencia estatal, la corrupción policial y penitenciaria y la inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes policiales y penitenciarios durante la gestión de gobierno anterior.
Este nuevo Informe Anual pretende ser un aporte constructivo a los tres poderes del Estado para que las políticas públicas provinciales se implementen con perspectiva de derechos humanos, y atendiendo la vulnerabilidad de los sectores impactados por el sistema penal y de encierro.
Los cambios urgentes para revertir la crítica situación analizada requieren del compromiso de todas las fuerzas políticas: es necesario construir consensos y acuerdos que profundicen nuestra democracia y garanticen derechos iguales para todas y todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
