Agencia La Oreja Que Piensa. Argentina. 2011.
Violaciones a los Derechos Humanos en los lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires
El balance de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires durante el 2010, muestra a las claras las transformaciones pendientes en el Estado en áreas claves como la seguridad y la justicia. Los problemas que describimos no dan como resultado una cadena de lamentables acontecimientos aislados, sino un sistema que no da cuenta de los cambios ocurridos en la Argentina, de la raigambre constitucional de los tratados internacionales, del umbral común del respeto de los derechos humanos.
El modelo neoliberal de los noventa ha dejado una profunda huellas políticas, culturales, económicas y sociales en el estado y la sociedad. Desmontar su andamiaje es tarea de la etapa histórica que estamos transitando. Sin embargo, cuando se analizan las situaciones de justicia, seguridad y las prácticas hacia las personas privadas de libertad, el núcleo duro de las ideas que dieron sustento a la institucionalidad que se modeló en aquellos años, parece tener todavía un rol hegemónico.Se transcriben a continuación algunos conceptos y datos más destacados que se desarrollaron en el presente informe:
La población carcelaria se mantuvo estable con relación al año 2009, registrándose al mes de marzo de 2011, 26.971 personas detenidas en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarias El número total es por lo tanto, de 29.404 personas detenidas, 2.417 más que al inicio de esta gestión en diciembre de 2007.
…Se registra un incremento de muertes, hechos violentos y casos de torturas en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas en cárceles provinciales, 11 cada mes. En 2009 murieron 117… Aumentaron los suicidios de 9 en el 2009 a 15 en el 2010…
…El Comité Contra La Tortura de la Comisión por la Memoria presentó 1.052 habeas corpus individuales que dan cuenta de 3.138 hechos de agravamiento de las condiciones de detención (torturas-falta de atención médica, traslados constantes,
etc)…
…Los hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) crecieron de 7.481 a 7.979 en 2010. El índice que más creció fue el de hechos de represión que pasaron de 1552 en 2009 a 1765 en 2010. Paradójicamente las peleas entre detenidos descendieron de 3.633 a 3.570 hechos. Ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
Comenzó a implementarse el Registro Nacional de Casos de Torturas y malos tratos que reveló el último trimestre de 2010 en la provincia, 675 hechos padecidos por 166 víctimas (162 hombres y 4 mujeres) de estos, 106 fueron agresiones físicas, 102 estaban vinculados con condiciones inhumanas de detención y 101 denunciaban casos de aislamiento que implicaban violaciones de los estándares internacionales vigentes.
Los fiscales al investigar la tortura, la clasifican exclusivamente como apremios y vejaciones que tienen una pena mucho menor que el delito de torturas.
Los operadores judiciales no cuentan con elementos teóricos suficientes para responder a las complejidades de la delimitación del tipo de tortura.
El éxito de la investigación es muy bajo. Prácticamente no se elevan causas a juicio y un ínfimo porcentaje se califica como tortura. Los operadores desconocen la existencia de buenas prácticas y jurisprudencia relacionada con la investigación de torturas o malos tratos.
También se reveló un preocupante prejuicio respecto de la veracidad de lo denunciado por las víctimas.
La resolución nº 1938 del Ministerio de Justicia y Seguridad, provocó movimientos masivos de detenidos, y no logró limitar los traslados constantes de detenidos que continúan utilizándose como método de castigo y tortura.
Desde el punto de vista de la salud penitenciaria se observan graves retrocesos. En el 2010 fallecieron 95 personas por problemas de salud lo cual ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal de muerte que actualmente duplica a las denominadas “muertes traumáticas”.
Los programas recientemente aplicados, fruto del acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, constituyen un avance mínimo e insuficiente. Se sigue sosteniendo un enfoque centrado únicamente en la enfermedad, sin considerar a la salud como integral y abarcativa de todas las esferas de la vida humana.
No se cuestionan las condiciones materiales de detención, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos…
Las condiciones de detención y régimen de vida carcelario continúan siendo inhumanos y violan los derechos de las personas alojadas. Al hacinamiento y sobrepoblación se agregan deficiencias estructurales en los servicios (cloacas, agua, calefacción, instalaciones eléctricas, etc) y regímenes de vida focalizados en el encierro excesivo.
No se han efectivizado instancias de control para prevenir y sancionar la corrupción estructural del sistema penitenciario. Irregularidades y arreglos en licitaciones por compras de alimentos, pagos de sobreprecios, direccionamiento de las contrataciones en beneficio de determinados empresarios y vínculos familiares entre distintas empresas proveedoras, irregularidades en la adquisición de carnes vacunas, comercialización de drogas, reclutamiento de internos para el robo, robo de pertenencias a los detenidos, constituyen el universo de prácticas denunciadas y que la justicia no investiga.
La corrupción está directamente ligada a las condiciones inhumanas de detención. El robo de comida, medicamentos o elementos de higiene, impactan directamente sosbre la vida de los detenidos.
El colectivo de personas trans (travestis, transexuales y transgénero) es uno de los más vulnerables dentro de las unidades penales. Permanecen en unidades penales masculinas y son sistemáticamente víctimas de torturas, malos tratos y violencia sexual por parte de penitenciarios y detenidos. No existen programas institucionales específicos ni criterios serios y fundamentales acerca de dónde deben estar alojadas y en qué condiciones.
En el caso de las mujeres madres con arresto domiciliario se produce una reiterada vulneración de derechos y ausencia de política públicas que garanticen su contención, acompañamiento y vinculación familiar.
Tal como viene señalando los anteriores informes anuales del Comité Contra La Tortura, el Sistema Penitenciario Bonaerense arrastra cuatro núcleos de problemas estructurales:
1-Violencia Institucional estructural, aplicación sistemática de torturas y gran cantidad de muertes.
2-Sobrepoblación crítica y hacinamiento.
3-Condiciones de detención inhumanas.
4-Corrupción estructural.
Muertes en el encierro
En el año 2010 murieron 133 personas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires (11 personas muertas por mes),lo que representa un incremento con relación a la muertes acaecidas en 2009, que fueron 117.
Cada año aclaramos que el número de muertes puede ser aún mayor, toda vez que la información es construida por el CCT a partir de diferentes fuentes (1), ya que desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad no han respondido los reiterados pedidos en ese sentido.
(1)El registro de personas fallecidas en el sistema penitenciario provincial, se construye con información obtenida en las inspecciones que realiza el CCT, el relato o comunicación de los detenidos o familiares de las víctimas, las noticias publicadas en distintos medios o lo informado por distintos actores judiciales. La información requerida se constata habitualmente con las causas judiciales que investigan estos hechos.
La Comisión por la Memoria está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel - Hugo Cañón - Laura Conte - Aldo Etchegoyen - Alejandro Mosquera - Víctor Mendibil - Elisa Carca - Mauricio Tenembaum - Roberto Tito Cosa - Daniel Goldman - Mempo Giardinelli - Elizabeth Rivas - Martha Pelloni - Víctor De Gennaro - Emilce Moler - Fortunato Mallimaci - Susana Méndez - Luis Lima - Verónica Piccone - Carlos Sánchez Viamonte, entre otros.