Defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en la mira de ataques y amenazas
• Indígenas por el respeto de su territorio
• La necesidad de diálogos humanitarios
• Por una salida política al conflicto
Agencia La Oreja Que Piensa. Por Sergio Ferrari(*)
Los últimos días de marzo se registraron amenazas y hechos preocupantes en el departamento del Cauca al suroeste de Colombia. Ofensiva que señala como objetivo principal a los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y de mujeres y los defensores de derechos humanos.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos en el Cauca, compuesta por seis organizaciones campesinas, sociales y de mujeres de ese departamento, denunció el 28 de marzo las “amenazas contra la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones sociales”.
Varios de los firmantes, entre ellos la Ruta Pacífica de Mujeres y la organización campesina Comité del Macizo Colombiano (CIMA) son desde años contrapartes o beneficiarios directos del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) así como de otras redes y organizaciones de cooperación y solidaridad europeas.
Paramilitares siempre activos
El último viernes de marzo un grupo de desconocidos violentó la vivienda de Miguel Alberto Fernández, registrándola completamente y sustrayéndole solo material profesional. Fernández es defensor de derechos humanos, uno de los responsables de CIMA y Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Cauca.
Personal de la Policía Nacional que se hizo presente minutos más tarde en el lugar, habría reconocido que no se trató de un “robo común”. Lo que lleva a las asociaciones sociales de la región a interpretar el hecho como “robo de información y de intimidación a las organizaciones sociales y a sus líderes”, según lo expresan en su comunicado público.
Por otra parte, un panfleto firmado por un conocido grupo paramilitar y distribuido la última semana de marzo en la ciudad de Popayán, capital del Cauca, identifica como su objetivo militar a las organizaciones indígenas CRIC y ACIN; a la central campesina CIMA; y a la Asociación de Instituciones del Cauca, ASOINCA. La amenaza se extiende también a emisoras radiales indígenas y a periodistas locales.
Las “Autodefensas Unidas” enfatizan que “no todos estamos muertos ni todos estamos presos ni extraditados” y califica a sus blancos como “lacras para la sociedad caucana”.
“Las informaciones que estamos recibiendo del Cauca nos llenan de preocupación dado que todo indica que se inscriben en una coyuntura de aumento de la tensión político-militar en esa región colombiana, con impunidad total de la acción paramilitar”, subraya Bernard Borel, diputado del Cantón de Vaud, Suiza.
“A pesar que el nuevo Gobierno habla de cambios sustanciales y derechos a ser respetados, parecería que se repite la misma estrategia de “Seguridad democrática” que caracterizó a Álvaro Uribe, su predecesor” enfatiza el diputado.
Borel, que visitó dicha región en abril del año pasado integrando una delegación de personalidades helvéticas, coordina la asociación “Tejiendo Solidaridad”, que apoya el trabajo que realiza la cooperante colombiana Julia Madariaga en el Cauca.
“Conocimos al defensor de derechos humanos Miguel Fernández durante nuestra visita y quedamos sorprendidos por la seriedad del trabajo que realiza, con total autonomía de cualquier actor armado, a favor de la población campesina y su desarrollo productivo y social”, enfatiza.
Derecho indígena al territorio
En el mismo Departamento de Cauca, la última semana de marzo, las autoridades y la comunidad del Resguardo Indígena de Canoas, en el Municipio de Santander de Quilichao, tomaron dos decisiones trascendentales.
Expulsaron de su territorio a personal y maquinaria de una empresa minera que se había implantado en la zona sin respetar el proceso de consulta comunitaria previa –para realizar sus actividades- , tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así mismo, erradicaron tres cultivos de productos ilícitos.
Tal como lo señala un comunicado público firmado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) “una vez terminadas las labores de erradicación, miembros del Cabildo fueron objeto de un atentado con ráfagas de fusil”.
Días más tarde Carlos Andrés Campo, Gobernador indígena de Canoas, fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico.
El clima de tensión en el Cauca aumentó además, considerablemente, a raíz del bombardeo por parte del ejército contra un campamento de la guerrilla en Tacueyó.
Producto de este hecho militar del 26 de marzo resultaron muertas 15 personas en su mayoría indígenas menores de edad, que según las organizaciones de la región habrían sido objeto de “reclutamiento forzado” por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
“Los hechos son confusos, hay investigaciones abiertas y éstas llevarán un buen tiempo” explica telefónicamente desde Cali la antropóloga Julia Madariaga .
Madariaga, es voluntaria nacional de la ONG suiza E-CHANGER y trabaja con la organización MINGA de derechos humanos en el acompañamiento pedagógico de las comunidades indígenas coordinadas en ACIN.
En un comunicado público la ACIN expresa que la “confrontación permanente ha transformado territorios indígenas en escenarios de guerra de alta intensidad...” y llama a “los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y especialmente a que se abstengan de reclutar menores de edad”.
“La organización indígena había denunciado previamente el reclutamiento forzado y el día anterior a los sucesos de Tacueyó habíamos estado reunidos con la ONG internacional “War Child”, presente en la zona, evaluando la posibilidad de ampliar su proyecto para aumentar la protección de niños y niñas víctimas del conflicto”, explica Madariaga.
Quien subraya que “el Estado colombiano parecería centrar su acción en la capacidad punitiva y la persecución de la insurgencia y no en su deber de garantizar los derechos básicos”.
¿Cómo destrabar esta espiral de violencia? ¿Cómo asegurar a la población civil la tranquilidad mínima para su existencia y para el cultivo de sus tierras?, preguntamos.
“Más que nunca la compleja situación indica la necesidad de entrar en diálogos humanitarios. Promover la liberación de todos los menores reclutados por la fuerza por los actores armados”, responde Madariaga.
Subrayando el papel esencial de la comunidad internacional “para apoyar la realización de estos diálogos y para la búsqueda de una salida política al conflicto, causa de tanta tragedia en Colombia”.
*Sergio Ferrari, colaboración de E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Colombia.