Debilidad estructural preocupante
Agencia La Oreja Que Piensa. Argentina 2011.
Se transcriben a continuación algunos conceptos y datos más destacados que se desarrollaron en el presente informe:
El Sistema de Promoción y Protección de Derechos aun presenta una debilidad estructural preocupante. A cuatro años de su puesta en marcha, todavía no se ha designado el Defensor de los Derechos del Niño. El observatorio Social de Niñez y Adolescencia se constituyó y presentó públicamente en diciembre de2010, sin convocatoria o audiencia pública, oposición de antecedentes y publicidad del proceso. Aún no se ha presentado informe alguno sobre sus líneas de acción. Los servicios locales continúan siendo insuficientes.
La situación más preocupante se registra en el conurbano bonaerense, donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez.
Mientas que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el gran Buenos Aires, sólo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir.
Durante 2010, el gobierno provincial bajó la coordinación de los Ministerios de Desarrollo Social y de Justicia y Seguridad lanzó las Unidades de Prevención y Asistencia Juveniles, más comúnmente llamadas patrullas juveniles.
Estas unidades están facultadas para trasladar niños a centros de atención transitoria. La modalidad refrenda la figura de “entrega del menor” para realizar detenciones encubiertas frente a una amplia y difusa cantidad de situaciones que no constituyen delito.
Resulta preocupante la debilidad técnica-jurídica, argumentativa y programática del programa así como la ausencia de políticas sociales de alcance suficiente para los niños en situación de calle que requieren la mejora concreta de sus condiciones de vida y un acompañamiento no coercitivo para los procesos de integración social e institucional. Los centros cerrados de detención continúan siendo depósitos donde los jóvenes deben cumplir regímenes discrecionales de detención conforme sea la autoridad a cargo del mismo. En estos ámbitos, el acceso a la escolaridad, salud, formación y recreación se encuentra vulnerado y devaluado.
Durante 2010 se denunciaron casos de tortura en centros cerrados, especialmente en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de La Matanza.
Los agentes y el personal policial de la Comisaría 6ta de la localidad de Tolosa continúan en funciones a pesar de las torturas aplicadas a un menor, el sistemático hostigamiento posterior y el evidente armado de causas.
Desde la sanción de la ley 13.634, la detención de niños no punibles en ámbitos cerrados persiste a través del artículo 64, de modo tal que ocupan entre el 3 y el 5% de las vacantes de los centros cerrados. El uso de la prisión preventiva es extendido: el 72% de las plazas de encierro se utiliza para jóvenes bajo prisión preventiva.
De una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados y de recepción de la provincia, surgen los siguientes porcentajes.
EL 69% fue golpeado durante la detención
El 93% estuvo detenido dentro de una comisaría.
El 22% en celdas junto con mayores de edad.
El 32 % permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas.
Dentro de la comisaría, el 61 % volvió a recibir golpes y vejaciones.
Dentro de los centros cerrados, el 37% recibió agresiones verbales y el 25 % agresiones físicas por parte del personal. Lomas de Zamora, el Centro de recepción La Plata y el Instituto Almafuerte son los más mencionados por estas prácticas.
En los centros cerrados o de recepción, solo de cada 10 fue visitado por el Juez a su cargo, mientras que sólo el 3% de cada 10 fue visitado por el Juez a su cargo, mientras que solo el 3 de cada 10 fue visitado por su defensor oficial. El 65 % está detenido a más de 30 kilómetros de su familia.
La Comisión Provincial por la Memoria participó de la a54º sesión del Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza.
Las observaciones finales para Argentina, recomiendan específicamente al estado nacional la adopción de medidas para terminar con la tortura, el exceso del empleo de la prisión preventiva y la investigación de hechos de tortura, muertes y tentativas de suicidio en la Provincia de Buenos Aires.
Torturas
Durante el 2010 el Comité Contra La Tortura realizó 23 inspecciones en trece centros cerrados y de recepción. Pese a la presentación constante de denuncias, informes y distintas acciones judiciales, las condiciones en esos lugares no han variado sustancialmente respecto a las constatadas en años anteriores.
Esta Comisión ha asistido a un recrudecimiento de la práctica de tortura sobre niños y jóvenes. Estas se dan tanto en las instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como en las comisarias y en situaciones de detención.
Asimismo, la aplicación de torturas en determinados centros de detención de jóvenes persiste pese a las denuncias penales existentes, posibilitando que los agentes responsables continúen en sus cargos sin que medie imputación alguna en su contra.
Durante 2010, la reapertura del Centro Cerrado Virrey del Pino de La Matanza, por medio de un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia permitió la configuración de hechos de tortura en un lugar por demás emblemático, dado que allí se suicidaron dos jóvenes en el año 2008 por la desidia y el abandono de parte de la Secretaría.
Actualmente UNICEF propone un esquema básico de quince indicadores de los sistemas de justicia penal juvenil que deberían medirse en forma estandarizada y sistemática en todo el país.
Actualmente Argentina no produce ninguno de ellos. En el ámbito provincial la única cifra disponible es la cantidad de investigaciones penales preparatorias abiertas con personas menores de edad involucradas por tipo de delito y por departamento judicial.
No existe ningún otro indicador de justicia penal juvenil así como tampoco se producen estadísticas públicas y estandarizadas en el ámbito del ejecutivo provincial, a cargo del sistema de responsabilidad penal juvenil donde los jóvenes son derivados para el cumplimiento de las medidas judiciales, ya sea ambulatorias o de privación de la libertad.
En cuanto al accionar policial sobre niños, niñas y adolescentes, l ex Ministerio de Seguridad (actualmente unificado al ex Ministerio de Justicia) continúa con su histórica posición de no brindar ningún tipo de información que permita dimensionar sus intervenciones sobre personas menores de edad.
Cada vez que un menor de edad es detenido su registro burocrático-estadístico se diluye, reforzando el hilo de impunidad territorial sobre el cual detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes proliferan.