Análisis y crítica jurídica del fallo "CECIM La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986
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Critica juridica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió revocar el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
Agencia La Oreja Que Piensa. Por Lautaro Ezequiel Pittier (*)
I.- El contexto del fallo:
En la sentencia dictada recientementE en la causa “CECIM La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recurrió a una fachada de estricto apego a las formas procesales para eludir la revisión de fondo de una medida de alto impacto institucional. Amparándose en una exégesis rígida del concepto de "caso judicial" (art. 116 CN) y descalificando de plano la legitimación colectiva del Centro de Excombatientes, el Máximo Tribunal disfrazó bajo la doctrina del autocontrol judicial (judicial self-restraint) lo que en los hechos constituye una decisión de política económica.
Este "falso procesalismo" opera cerrando estratégicamente el acceso a la jurisdicción mediante un valladar formalista. Al calificar la soberanía territorial y la protección del suelo como meras potestades abstractas del Estado -despojándolas de su dimensión de bienes colectivos indivisibles-, la Corte privó a la sociedad de una vía de impugnación preventiva.
La consecuencia práctica de este repliegue procedimental es devastadora: se habilita la inmediata vigencia de la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), consumando en los hechos la liberalización y extranjerización del dominio de tierras estratégicas sin debate parlamentario previo. Bajo la excusa de "no emitir opinión sobre la constitucionalidad de la norma", el Tribunal garantiza la consolidación de derechos adquiridos por parte de grandes capitales inmobiliarios o especulativos. De este modo, la supuesta abstención formal no es neutral: se convierte en el mecanismo jurídico que convalida la desregulación de un mercado clave y la pérdida del control soberano sobre los recursos naturales del país.
II.- Las excusas
1. Conceptualización restrictiva de la "soberanía" y los "bienes colectivos"
La Corte Suprema de Justicia de la Nación funda la revocación del fallo de Cámara en que la soberanía territorial constituye un elemento constitutivo del Estado y una potestad pública, desechando su encuadre como un "bien colectivo" susceptible de tutela mediante el amparo ambiental o colectivo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Crítica: Al reducir la soberanía a una mera atribución o competencia abstracta del Estado, el Tribunal la desconecta de la tutela de la comunidad sobre la integridad del territorio y los recursos naturales. Esta postura dogmática desestima la interpretación extensiva formulada por la Cámara de Apelaciones, que reconocía a una asociación defensora de los derechos soberanos la aptitud procesal para cuestionar normas con impacto directo en el dominio de tierras rurales.
2. Exigencia de "caso" y limitación del control de constitucionalidad sobre DNU
El fallo reafirma de forma tajante que la exigencia constitucional de un "caso o controversia" (art. 116 CN y ley 27) requiere la comprobación de un interés individual o colectivo diferenciado, rechazando la utilización de la acción de amparo para un control abstracto de legalidad o constitucionalidad.
Crítica: La aplicación estricta de esta doctrina respecto de decretos de necesidad y urgencia (como el DNU 70/2023) genera una zona de penumbra en el control de constitucionalidad. Al negar legitimación a organizaciones civiles representativas en materia de bienes o soberanía territorial, se dificulta la revisión judicial de decretos de alcance general que modifican o derogan leyes del Congreso, dejando sin vía de impugnación colectiva normas que afectan de forma indivisible a la sociedad.
3. Abstención judicial respecto de la validez sustantiva de la norma
El Tribunal enfatiza que la decisión se limita de forma exclusiva a la falta de legitimación activa y la consecuente ausencia de "caso judicial", declarando expresamente que el fallo no importa pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales (ley 26.737) ni sobre las facultades del Congreso.
Crítica: Si bien el pronunciamiento se atiene al principio procesal del autocontrol judicial (judicial self-restraint) y al esquema republicano de división de poderes, el recurso a una causal puramente formal priva a la comunidad de una definición sobre la validez del uso de un DNU para derogar un régimen de protección de bienes estratégicos nacionales.
III.- Conclusión:
En definitiva, la sentencia recaída en la causa "CECIM La Plata c/ PEN" revela cómo el uso instrumental del derecho procesal puede funcionar como una eficiente herramienta de desregulación económica. Detrás del ropaje de la neutralidad técnica, el ritualismo de la ausencia de caso y el concepto reductivo de soberanía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se limitó a aplicar la ley procesal: tomó una posición sustantiva en favor del statu quo del mercado financiero e inmobiliario.
El verdadero riesgo institucional de este pronunciamiento radica en la consagración de una inmunidad judicial de facto para los Decretos de Necesidad y Urgencia de alcance general. Al obturar la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil y exigir la prueba de un daño individual imposible de configurar antes de la enajenación efectiva del suelo, la Corte dejó desprotegidos los bienes colectivos más sensibles de la Nación.
Lejos de ser un acto de prudencia republicana o autocontrol (self-restraint), la renuncia del Tribunal a controlar la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales representa una omisión constitucional deliberada. En la práctica, esta abstención formal opera como una convalidación implícita pero categórica: consolida operaciones inmobiliarias y derechos adquiridos de imposible reversión posterior, sacrificando la tutela efectiva de la integridad territorial y los recursos naturales en aras de la liberalización irrestricta del dominio de la tierra.
(*) Abogado. Docente, Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Universidad Abierta Interamericana (Argentina). Director de Asuntos Jurídicos, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho. Director del Instituto de Derechos Humanos, Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (Argentina).
